CDMX, 25 de septiembre de 2023.- En un ambiente de esperanza y optimismo, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció la aprobación de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta nueva legislación apunta a la erradicación progresiva del hambre y la malnutrición en el país, además de promover una mejora en la calidad de vida de la población mexicana.
Un Ambiente Político Propicio
“El país nunca había experimentado un entorno político tan propicio para impulsar una causa social tan legítima como ésta,” afirmó la senadora Rivera Rivera. La legisladora considera que la aprobación de esta Ley es un hito en la búsqueda de justicia social para todos los mexicanos, presente y futuros. «Este es un día histórico para el Senado de la República», añadió.
Alimentación: Un Derecho Fundamental
Según la senadora, la alimentación es el primer derecho humano que guarda interdependencia directa con la vida y el bienestar. Sin una adecuada alimentación, se debilita la capacidad del individuo para ejercer otros derechos fundamentales. Por lo tanto, la nueva ley se convierte en un instrumento crucial para garantizar este derecho básico.
Un Derecho Constitucional
Rivera Rivera destacó que el derecho a la alimentación ha sido parte de la Constitución Política de México desde octubre de 2011. “Sin una ley reglamentaria, el contenido del derecho a la alimentación se quedaría en un mero enunciado,” advirtió, subrayando la importancia de la aprobación del dictamen para garantizar la eficacia de este derecho constitucional.
Obstáculos Históricos
“Conflictos de interés, influencia económica y falta de voluntad política” fueron algunos de los factores que, según la senadora, habían impedido la aprobación de legislaciones similares en el pasado. «Tuvimos que esperar 10 años para que fuera posible la votación de la Ley Reglamentaria al Derecho a una Alimentación Sana y Adecuada”, lamentó.
Hacia la Soberanía Alimentaria
La legislación recién aprobada pone énfasis en la soberanía alimentaria, reconociendo el rol central de agricultores en la economía del país. También supera el modelo tradicional de mercantilización de alimentos, al valorar los conocimientos y prácticas milenarias relacionadas con la alimentación.
En este contexto, el Senado de la República da un paso significativo hacia la justicia social, abordando una de las problemáticas más urgentes de México: el derecho a una alimentación adecuada y sostenible para todos los ciudadanos.
