La capital mexicana se convierte en el epicentro del diálogo ciudadano y la disputa política, ya que el Congreso de la Ciudad de México ha dispuesto de un periodo de cinco días hábiles para que la población emita sus opiniones respecto a la ratificación de la Fiscal Ernestina Godoy. Esta convocatoria permite a los ciudadanos presentar argumentos y valoraciones en una sede alterna del Legislativo, delineando el proceso democrático que antecede a la decisión final sobre el futuro de la funcionaria al mando de la FGJ.
La situación se tensa en el ámbito político, particularmente entre el partido Morena y la bancada panista. Mientras el primero defiende la gestión de Godoy y denuncia lo que considera maniobras distractoras por parte de sus oponentes, el PAN levanta críticas y señala órdenes de aprehensión percibidas como injustas contra funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. Este cruce de declaraciones pone de relieve el clima de confrontación que permea el ambiente legislativo de la metrópoli.
El partido Morena, encabezado por Sebastián Ramírez, acusa al PAN de emprender una campaña de difamación en contra de Godoy, a quien defiende de los ataques que asocia con represalias por investigaciones en curso sobre corrupción inmobiliaria. La ratificación de la fiscal, que requiere 44 votos a favor, parece enfrentar un camino complicado, dados los 38 votos asegurados por la bancada mayoritaria y sus aliados, y la oposición firme del PRI, PAN y PRD.
La contienda por la ratificación se convierte así en un reflejo de las dinámicas de poder y las tensiones entre la acción legal y el juego político, donde la ciudadanía observa y participa, aportando su voz en un proceso que definirá no solo el destino de una funcionaria, sino el rumbo de la justicia en la Ciudad de México.
