«Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018 y concluirá el próximo 30 de septiembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha informado que 102 defensores del medioambiente han sido asesinados.
Itzel Arteaga, representante de la organización no gubernamental, compartió durante el foro ‘Situación de las y los defensores ambientales’, en Toluca de Lerdo, Estado de México, que en 2018 se registraron 21 agresiones letales, descendiendo a 15 en 2019, pero aumentando nuevamente a 18 en 2020 y a 25 en 2021, para luego bajar a 24 en 2022.
El año pasado se reportaron un total de 123 agresiones, de las cuales 20 fueron mortales. Arteaga destacó que el año con más eventos de agresiones documentados fue 2022, aunque recordó que en 2017 se registró el mayor número de muertes desde que la organización lleva registros.
Estos datos colocan a México, junto a Colombia y Brasil, como uno de los países más peligrosos para los ambientalistas, según la organización Global Witness.
Durante el coloquio organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), se discutió sobre los impactos de los megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el medio ambiente y las comunidades locales.
La diputada estatal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz García, defendió estos proyectos argumentando que impulsarán el desarrollo económico del sur de México.
Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos del Cemda, señaló que la mayoría de los casos de estigmatización a los ambientalistas ocurren en la región sur del país, donde se llevan a cabo estos megaproyectos.
En cuanto a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los participantes del conversatorio le instaron a abordar varios pendientes en materia ambiental, incluyendo la gestión del agua, la protección de activistas y la ejecución de los megaproyectos con respeto a los derechos de las comunidades.
Mario Cardozo, activista y abogado, ofreció consejos para garantizar los derechos de los activistas, enfocándose en un enfoque integral que incluya la protección y la prevención de posibles persecuciones.
A pesar de los desafíos, Antonio Lara, director del CDHZL, se comprometió a seguir luchando por un cambio positivo. «Estamos cansados de que se nos ofrezca cárcel y muerte en lugar de dignidad, libertad y vida. No estamos dispuestos a aceptarlo y seguiremos organizándonos», afirmó.»
