Morelos, México – Una reciente revelación arroja luz sobre el mal funcionamiento de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos, y la supuesta complicidad entre el ex gobernador Graco Ramírez y Lucía Meza, ahora candidata por MORENA.
Principales Puntos:
La ESAF lleva 8 años bajo crítica por su ineficiencia y falta de autonomía.
Lucía Meza impulsó transformaciones que supuestamente blindaban al gobernador Graco Ramírez.
Desfalcos millonarios, corrupción y nepotismo sacuden a la ESAF.
La ESAF, un organismo en cuestionamiento
Desde su creación, la ESAF ha estado bajo escrutinio por su aparente ineficiencia. En diciembre de 2021, con la influencia activa de Lucía Meza, se llevó a cabo una transformación que, en lugar de mejorar, pareciera perpetuar el mal manejo y control político de la institución.
La nueva denominación, «Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos», supuestamente vendría a ofrecer una mejor fiscalización de los recursos públicos. Sin embargo, con el cambio, persiste el riesgo de manejo político y blindaje hacia figuras clave como Graco Ramírez.
Casos de desfalco y corrupción
El estado de Morelos ha sido testigo de casos emblemáticos de corrupción. Destaca el caso de la secretaria de Obras Públicas durante la administración de Graco Ramírez, quien adjudicó ilegalmente obras a una empresa inexistente, con costos superiores a 75 millones de pesos.
Asimismo, se ha denunciado el desfalco del Fondo Unidos por Morelos, destinado a las víctimas del sismo del 2017.
Opacidad y nepotismo
Se ha señalado a la ESAF por su falta de transparencia y corruptelas. La colocación de familiares y amigos de diputados locales en puestos clave dentro de la institución sólo agrava la imagen y confianza pública hacia la entidad.
Con un rezago en la publicación de auditorías desde 2010, la ESAF parece no tener prisa en rendir cuentas claras al pueblo morelense.
Conclusión
Mientras persista el control político y la falta de transparencia en organismos como la ESAF, Morelos seguirá siendo terreno fértil para la corrupción e impunidad. Es imperativo que la ciudadanía y las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar la correcta fiscalización de los recursos públicos.
